El juez Rubén Darío Riquelme ha resuelto hacer lugar a la acción de amparo constitucional en favor del Cerro Leon a fin de evitar obras de extracción pétrea en la zona. En su resolución, el juez ha ordenado «la no ejecución por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría del Ambiente (SEAM) de ningún tipo de actividad y/o trabajo para la obtención de materiales pétreos y/o minerales en el area silvestre protegida del Parque Nacional Defensores del Chaco, y del cual se halla el Cerro Leon».
El juez resolvió la medida ayer 14 de enero, respondiendo la solicitud promovida por los abogados José Escauriza y Maximiliano Mendieta, en representación de la Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo, contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría del Ambiente (SEAM).
Dentro de las consideraciones extensas realizadas por el juez en su escrito que falla en favor de los ayoreos y el Cerro Leon, Riquelme sostiene que «en las audiencias testificales llevadas a cabo en fecha 09 de enero del corriente año los líderes comunitarios del Pueblo Ayoreo expresaron que existen grupos de Ayoreo en aislamiento voluntario en varias zonas de norte del Chaco Paraguayo». Indica además que los Ayoreo «no fueron consultados sobre el proyecto llevado a cabo en el parque».
Asimismo, indica que el informe remitido por Iniciativa Amotocodie al juzgado indica que el «se trataría de de entre 80 y 150 personas» de varios grupos locales del Pueblo Ayoreo.
Por otro lado, el juez se respalda en la Constitución Nacional, leyes y Convenios firmados por el Estado paraguayo, para avalar su decisión de detener toda eventual obra en el Cerro Leon. Cita Riquelme el artículo 6 de la Constitución Nacional «De la calidad de vida», el artículo 7 «Del Derecho a un ambiente saludable», la Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas, los artículos 62 y 63 de la Constitución Nacional, referidos a los Pueblos Indígenas y grupos étnicos, el Convenio 169 de la OIT, entre otras numerosas leyes y Convenios.
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