
El Parque Nacional Médanos del Chaco no solo enfrenta la codicia de los proyectos de prospección y exploración de hidrocarburos y minería. La tala ilegal principalmente de palo santo está amenazando el ecosistema de la reserva, y los Ayoreo llevan meses denunciándolo.
La Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP) realizó la denuncia al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) el 12 de marzo de 2026.

La tala legal de palo santo tiene lugar en “Punie Pipeogai” una propiedad titulada a nombre de la UNAP ubicada a unos 11 kilómetros al oeste de Lagerenza’i, zona donde habitan grupos ayoreo en aislamiento. Cabe recordar que cualquier incursión no autorizada en estos territorios vulnera de manera directa los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT y el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (Decreto N° 1039/18), poniendo en riesgo latente la vida e integridad de las familias ayoreo que viven en aislamiento.
Los representantes de la UNAP y de las asociaciones ayoreo Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo (AGPA) y la Asociación Guidaigosode y Ducodegosode Ayoreo del Paraguay (AGDAP) instaron al MADES a una inspección y a medidas cautelares para el cese de la actividad y la protección del área. Recién en estos días, a 6 meses de su denuncia formal, se constituyó una delegación del MADES en la zona afectada. A pesar de un acuerdo de constitución conjunta hecho al momento de efectuar la denuncia, el MADES actuó sin presencia ni acompañamiento de los referentes de las organizaciones del pueblo ayoreo, lo cual ha generado suspicacias entre los mismos.

En un reciente monitoreo territorial realizado por autoridades y técnicos de las 3 organizaciones del Pueblo Ayoreo, con apoyo de Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza de Holanda (UICN) se pudo constatar que la extracción selectiva y el tráfico de palo santo continúan. Esta actividad ilegal ya está afectando una superficie de aproximadamente 250 ha dentro de la propiedad ayoreo, además de una extensa área de 4.100 ha dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco. También se constató que el ingreso a la propiedad indígena se efectúa desde las estancias Ñu Hovy y La Bendición, de donde parte el camino que irrumpe en la propiedad de la UNAP. Estos inmuebles, de acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Catastro, pertenecerían a Marcos Andrés Ibarrola Montiel y a M.V.D. S.A. respectivamente.
El palo santo (Plectrocarpa sarmientoi,en muchos casos todavía catalogado internacionalmente como Bulnesia sarmientoi) se encuentra clasificado en peligro por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y protegido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) lo que regula su comercio en Paraguay. Su madera es altamente codiciada debido a su alta durabilidad, su extrema dureza y su característico aroma balsámico. Su extracción ilegal dentro de una zona núcleo de reserva de la biosfera no solo destruye el ecosistema del Chaco, sino que, dependiendo del uso y destino final, podría introducir madera de origen ilícito en las cadenas internacionales de comercio de aceites esenciales y ebanistería.

La tala selectiva ilegal de palo santo, coronillo y otras especies de maderas “de ley” queda invisibilizada e impune por la falta efectiva de controles y la dificultad de identificar áreas de extracción mediante imágenes satelitales de mediana resolución en tiempo real.
La zona de Lagerenza’i, al norte del Parque Nacional Médanos del Chaco, donde se origina la denuncia, es “tierra de nadie”. No existe ningún puesto ni organismo de control o custodio de la ley desde 4 de Mayo hasta Gabino Mendoza, dejando liberada la región a todo tipo de acción delictiva, donde el corte ilegal de madera y robo en propiedades privadas o en el Parque Nacional, es sólo una de ellas. Ausencia del Estado que se traduce en pérdida de soberanía sobre bienes comunes y privados.

Ante la presión por sancionar una modificación de la Ley de creación del PNMCh para favorecer la prospección de hidrocarburos y minerales, nos preguntamos ¿qué capacidad de control tendrá el Estado ante eventuales situaciones de riesgo para el área protegida y su biodiversidad, si no tiene capacidad para controlar y sancionar ejemplarmente algo tan básico como el corte ilegal de madera dentro del parque?


