Vía Indigenous Peoples Rights International
En el norte del Chaco paraguayo, tres líderes ayoreo enfrentan cargos penales tras ser acusados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el contexto de la injusta e insuficiente respuesta estatal ante una sequía e incendios forestales que afectaron gravemente a su comunidad. El caso ocurre en un territorio donde habitan grupos ayoreo en aislamiento voluntario; el bosque retrocede aceleradamente y las comunidades resisten la deforestación. ¿Cómo terminó un episodio de crisis ambiental en un expediente judicial contra ayoreo defensores de sus bosques?
Derechos reconocidos, realidades negadas
En Paraguay viven más de 140.000 indígenas pertenecientes a diecinueve Pueblos Indígenas. Aunque el Estado reconoce formalmente algunos de sus derechos territoriales y culturales, en los territorios se dan situaciones graves de falta de agua, alimentos y servicios básicos. Para muchas comunidades, la presencia estatal se manifiesta más a través del control y la criminalización que mediante políticas de protección efectivas. Esta situación se refleja con claridad en la Comunidad ayoreo 2 de Enero, ubicada en Filadelfia, en el norte del Chaco paraguayo.
El pueblo ayoreo históricamente habitó un territorio de más de 30 millones de hectáreas, ubicado entre Paraguay y Bolivia. Sin embargo, ese territorio ha sido en gran parte privatizado, cercado y deforestado. Actualmente, las comunidades cuentan con espacios cada vez más reducidos para su subsistencia, mientras el avance de la frontera extractiva continúa amenazando su territorio ancestral.
Cabe destacar que en este territorio aún viven grupos ayoreo en aislamiento voluntario, cuya supervivencia depende directamente de la existencia y continuidad del bosque chaqueño. Al mismo tiempo, el Chaco paraguayo atraviesa uno de los procesos de deforestación más acelerados del mundo, impulsado por la ganadería extensiva, los monocultivos, la minería y grandes proyectos de infraestructura, como el Corredor Bioceánico, para conectar el océano Atlántico con el Pacífico que atraviesa el territorio del norte del Chaco paraguayo y otros países del sur, como Brasil, Argentina y Chile.
De la emergencia climática al proceso penal
En agosto de 2024, la comunidad ayoreo 2 de Enero sufrió una sequía extrema e incendios forestales. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), entidad estatal encargada de proveer ayuda humanitaria ante este tipo de emergencias climáticas, llegó a la comunidad con una ayuda alimentaria insuficiente, basada en un censo desactualizado que no reflejaba el número real de familias afectadas. Ante esta situación, los líderes comunitarios indígenas ayoreos exigieron que los alimentos se distribuyeran de forma equitativa y suficiente.
La tensión aumentó cuando un funcionario tomó fotografías sin consentimiento y la comunidad pidió que los trabajadores estatales se retiraran del territorio. Poco después, funcionarios de la SEN presentaron una denuncia penal por coacción grave, daño y perturbación de la paz pública contra tres líderes ayoreo: Jorge Ajihi Chiqueno Pasoraja, Bernardo Chiqueno Pasoroja y Utocadi Ángel Chiqueno.
La causa fue inicialmente archivada. Pero se reactivó en 2025 en el contexto de la defensa territorial de varias comunidades ayoreo que exigían que los terratenientes detuvieran la deforestación que amenaza el bosque chaqueño y pone en riesgo tanto a las comunidades asentadas como a los grupos ayoreo en aislamiento voluntario. Los líderes hoy criminalizados han sido una parte destacada de la defensa del bosque, pues fueron firmantes de acciones legales contra la deforestación en la zona de Faro Moro, proceso que actualmente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso ha atravesado múltiples etapas marcadas por irregularidades. Además de la falta de sentido de las acusaciones, hubo un intento de tomar declaraciones sin un intérprete calificado. La audiencia preliminar prevista en febrero de 2026 fue suspendida, quedando pendiente una nueva audiencia para abril de 2026.
Actualmente, los líderes indígenas acusados se encuentran bajo medidas sustitutivas de prisión. Desde 2024, deben presentarse a firmar ante el juzgado cada dos meses. Todo el proceso los obliga a realizar largos y costosos recorridos desde sus comunidades para poder asistir a las audiencias.
En cuanto a las posibles penas, enfrentan cargos por coacción grave, con penas de hasta 3 años de prisión; por daño a cosa de interés común, también con penas de hasta 3 años; y por perturbación de la paz pública, que puede acarrear hasta 10 años de condena.
Este proceso ha tenido profundas consecuencias psicológicas, físicas y económicas, a menudo invisibilizadas, tanto a nivel individual como en las familias de los líderes criminalizados y en la comunidad. No solo afecta a los líderes directamente criminalizados, sino que también envía un mensaje amenazante a otras comunidades indígenas que están exigiendo sus derechos, incluido el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos como el corredor bioceánico, el puente internacional en la zona de Carmelo Peralta, y el avance de actividades extractivas en sus territorios.
El papel del Fondo de Defensa Legal y Refugio
Así, la criminalización forma parte de una estrategia que busca debilitar los liderazgos y la organización comunitaria en territorios donde avanzan poderosos intereses extractivos vinculados a sectores ganaderos con fuerte influencia política, agrupados en espacios como la Asociación Rural del Paraguay y otros actores. En este caso, envía un mensaje claro a las comunidades indígenas de que defender el bosque y la vida puede convertirse en un riesgo personal, lo que las deja más expuestas a represalias, amenazas o nuevas causas penales. Mientras tanto, quienes se benefician de la deforestación y del despojo siguen actuando con impunidad.
Este caso llegó al Fondo de Defensa Legal y Refugio de IPRI, un mecanismo que proporciona apoyo legal y de emergencia a defensores y comunidades indígenas que enfrentan amenazas por criminalización, detención ilegal, desalojo forzado o violencia en razón de sus labores de defensa y ejercicio de sus derechos humanos.
En el caso de la Comunidad ayoreo 2 de Enero, el apoyo del Fondo se orienta a que los líderes criminalizados cuenten con defensa técnica especializada y con los recursos fundamentales para sostener el proceso penal con mayores garantías. Contribuye a cubrir costos legales y logísticos que, de otra manera, serían una barrera para continuar la defensa del territorio y enfrentar el proceso judicial.
Con el acompañamiento se busca también proteger los liderazgos comunitarios y, por ende, la organización comunitaria, evitando que la criminalización limite su capacidad para exigir justicia y defender sus derechos colectivos.
Lo que este caso revela sobre el Estado y el sistema de justicia
La historia de la Comunidad ayoreo 2 de Enero revela una contradicción profunda: cuando se trata de garantizar agua, alimentos o protección frente a la crisis climática, el Estado aparece débil o ausente. Pero cuando las comunidades cuestionan la deforestación, defienden la vida o exigen respuestas dignas, el aparato estatal responde con fuerza mediante el sistema penal.
Este caso muestra una justicia que actúa con mayor severidad contra quienes defienden derechos que contra quienes destruyen el bosque. Y revela un Estado que, pese a reconocer derechos indígenas en su marco legal, aún no logra garantizarlos plenamente en la práctica.
