Por Miguel Lovera
La tradición colorada de blanquear el botín, lo usurpado, lo robado, es de larga data. Ya el general Bernardino Caballero blanqueó el saqueo que siguió al genocidio de la Guerra Grande. El mismo general, un poco más tarde, fundaba el partido Colorado que desde entonces enarbola la bandera del blanqueo, siempre junto con la de remate.
La coartada del general era que había que afrontar los gastos de reconstrucción, pagar la deuda de guerra y repoblar el país. Lo único que se logró con eficacia fue lo último. Pero, en el proceso se entregaron a agentes del imperialismo vencedor alrededor de 20.000.000 de hectáreas, cantidad similar a la que se habían desmembrado después de la guerra al territorio original de la república. Sin duda, esta fue una operación de blanqueo ya que la repartija pactada por los vencedores sólo satisfacía a la potencia financista del holocausto del pueblo paraguayo y poco o nada quedaba para los factótums encargados del trabajo sucio, quienes recurrieron a colonizar el territorio remanente legalizando el saqueo a través de la compra a precio vil de la mitad del territorio del país. El régimen que controlaban como a un títere entregó a la población en esclavitud y fundó un partido encargado de la defensa de la entrega de la soberanía nacional como parte de su cometido programático hasta nuestros días.
El milagro del repoblamiento del Paraguay se acomodó en el espacio no entregado –por descuido o por desatino geográfico – y consolidó una población culturalmente pujante, adaptada a las condiciones biofísicas del país a través del conocimiento transmitido primordialmente por las madres sobrevivientes. Las primeras dos generaciones de postguerra salvaron el Chaco para el Paraguay de las garras de Bolivia. Luego de dicha guerra ese territorio se convirtió en condominio de militares y de los antiguos enclaves extractivos del pasado, hasta el advenimiento del héroe del coloradismo, Alfredo Stroessner, quien entrega tierras expropiadas a los enclaves extractivos y otras tierras fiscales a sus leales, quienes, a su vez, vendieron gran parte del botín regalado a extranjeros, principalmente brasileros. El periodo de la dictadura colorada bajo el stronato practicó un peculiar proceso de blanqueo, el de los automóviles robados en los países vecinos (y no vecinos), a través de leyes de legalización de la mercadería robada, se inicia el banqueo tal como lo conocemos: la legalización de lo robado.
Pero, tal vez, el proceso de blanqueo más célebre promovido por el régimen colorado es el de los “coches mau”. Desde los albores de la dictadura los privilegiados del régimen se permitían la ventaja de obtener mercadería de contrabando, de origen legal o robado. Lo último en ese tipo de mercancía eran los automóviles provenientes principalmente del Brasil y eran denominados como “autos mau”, donde mau es la pronunciación en vernáculo paraguayo de “mal” en portugués, que significa lo mismo que en castellano. Estos vehículos representaban más de la mitad del parque automotor nacional y eran protegidos abiertamente por el dictador quien defendía su uso y existencia en el país como su contribución al pago del “precio de la paz”.
Estas acciones de blanqueo afectan gravemente a los pueblos indígenas, que se ven enfrentados por usurpadores de sus tierras respaldados por supuestos “papeles legales”, represión policial, matones y un aparato paramilitar cada vez más fuerte. El blanqueo estimula los arrebatos criminales de los codiciosos usurpadores del territorio nacional. Los actos de violencia contra los indígenas van in crescendo partiendo del amedrentamiento y el hostigamiento a la eliminación selectiva de dirigentes para culminar con el genocidio. Así, la simple higienización documental de la tierra culmina en el exterminio de pueblos indígenas, como es el caso de los ayoreo, ache, guaná, entre otros.
La última arremetida blanqueadora del régimen político inaugurado por el héroe colorado Alfredo Stroessner consiste en un blanqueo al por mayor de las casi 20.000.000 de hectáreas – la mayoría comercializada ilegalmente y otras distribuidas discrecionalmente en dádivas generosas a sus cómplices. El plan cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, campo siempre fértil y leal a los reclamos de los amos del país. Ahora, será la Cámara de Senadores la que tendrá en sus manos sellar la suerte de la soberanía nacional. Si se hace de acuerdo a los antecedentes del régimen y se promulga el proyecto de ley, se entregará definitivamente el territorio nacional a los usurpadores.
