Ayoreos Atetadiegosode de la comunidad Cuyabia ubicada en el Chaco Paraguayo anunciaron movilizaciones para exigir a las autoridades la reanudación del proceso de mensura judicial llevado a cabo por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dentro de las 25 mil hectáreas de territorio ancestral.
Los trabajos que iniciaron en el mes de junio buscan definir las superficies no invadidas por estancieros de la zona, quienes hasta el momento ya deforestaron gran parte del bosque de los nativos, a pesar de la existencia de una medida judicial de no innovar.
Según las autoridades del INDI, la nueva postergación se debe a la falta de juez en la ciudad de Filadelfia.
A criterio de los abogados convencionales de los indígenas, esta situación se pudo haber evitado si se tomaban las precauciones necesarias. Ante este nuevo escenario, el cierre de los trabajos que busca la titulación definitiva de la propiedad a favor del pueblo Ayoreo no tendría nueva fecha de prosecución.
Unine Cutamorajna, líder de la comunidad, expresó su descontento alegando que mientras el proceso se retrasa, las topadoras siguen arrasando con sus bosques, violentando así los derechos de las más de 20 familias que habitan la aldea.
Mencionó que los atropellos a su comunidad son cometidos constantemente por las empresas en su mayoría de capital Alemán y Brasileño, cuyos propietarios contratan guardias de seguridad para amedrentarlos. Recordó que incluso en una oportunidad, estos «custodios» realizaron disparos intimidatorios a un grupo de jóvenes de la comunidad.
Se estima que de las 25 mil hectáreas, más 6 mil ya fueron deforestadas, violentando así los recursos vitales culturales y espirituales del grupo local.
Los Atetadiegosode recordaron que el territorio en cuestión, es utilizado por grupos de Ayoreo en asilamiento voluntario, quienes también corren peligro de desaparecer. Estos grupos, en los últimos años han dejado señales de su presencia a través de huellas y huecos en árboles. La última señal hallada en Cuyabia fue en el 2013.
Solicitan de manera insistente el avance de la mensura por temor a la seguridad de la población y ante la necesidad de proteger sus espacios verdes.