Audiencia se llevaría a cabo recién el 1 de octubre
La audiencia de juicio oral y público inicialmente programada para el 24 de septiembre, destinada a juzgar al ex pdte del Instituto Paraguayo del Indígena y sus cómplices por la venta ilegal de una finca de 25.000 hectáreas en la cual está asentada la Comunidad Cuyabia del Pueblo Ayoreo, en el Dpto. de Boquerón, ocurrida en el año 2012, fue pospuesta a raíz de la presentación nuevos incidentes formulados por los abogados Alvaro Arias, defensor de la escribana Maribel Esteche Bareiro, coprocesada en la causa de Rubén Quesnel y Julia Beatriz Vargas Meza.
Rubén Quesnel, Julia Beatriz Vargas Meza y Maribel Estecho Bareiro están acusados por la Fiscal Alba Delvalle por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y abandono, en relación al inédito hecho de corrupción señalado, que expuso en riesgo de desaparición a la comunidad indígena Cuyabia que, en su momento, fue víctima de intentos de desalojo por los usurpadores a quienes favoreció del ex titular del ente indigenista.
En opinión de Maximiliano Mendieta, quién ejerce junto a otros abogados de la Institución Tierraviva, la querella en representación de los ayoreos, manifestó “su preocupación por la posposición del juicio y alegó que los fundamentos de los incidentes que obligaron a ello son recursos meramente dilatorios de una defensa que no tiene argumentos para lograr exculpar a sus clientes, de la grave acusación que afrontan”. Asimismo, indicó que esta situación genera una “enorme erogación y desgaste a los líderes de Cuyabia y las demás personas de dicha comunidad, quienes deben estar presentes en la audiencia, en razón de la distancia y las dificultades de transporte que enfrentan para llegar a Asunción”.
Por otra parte, es de mencionar que no es la primera vez que la defensa de la escribana Esteche incidenta en la presente causa, ya durante la etapa preparatoria intentó, sin éxito, que el caso no sea elevado a juicio oral, con base a numerosos incidentes del abogado Alvaro Arias, principalmente, por “ejercicio abusivo del derecho y mala fe”, según lo explicó Maximiliano Mendieta.
Con esto, el tribunal de sentencia presidido por la Jueza Blanca Gorostiaga y el Tribunal Penal de Apelación están constreñidos a resolver los incidentes deducidos antes del 1 de octubre, de tal modo a evitar una nueva postergación del juicio.
