Comunicado de Solidaridad

Comunicado de Solidaridad

COMUNICADO
SOLIDARIDAD CON JULIO JAIMES Y LOS POBLADORES
TRADICIONALES DEL PILCOMAYO

Y REPUDIO A LOS REITERADOS MALOS PROCEDIMIENTOS FISCALES,
POLICIALES Y JUDICIALES EN EL CHACO
Hace algunos años venimos soportando en el Chaco dos fenómenos. Por un lado, el impune atropello y avasallamiento a las antiguas poblaciones desfavorecidas por parte de empresarios agroganaderos, los que exitosamente movilizan para ello el apoyo de fiscales, jueces y policías de la región. Por otro lado, la justificación que parte del periodismo regional y nacional, ligado íntimamente a los grandes poderes de facto en el Chaco Paraguayo, realiza respecto de estos atropellos a los derechos y a la justicia.
Hoy, nuevamente asistimos a un caso donde resalta la persecución sistemática que un fiscal de la zona, José Luis Brusquetti, (recientemente trasladado a la Fiscalía de Villa Hayes) está ejerciendo  en contra del antiguo poblador y luchador social de la zona de Pozo 40 y de la región del Pilcomayo, don Julio Jaimes. Persecución a la que el juez de Filadelfia Juan Carlos Molas al dilatar el procedimiento que le toca llevar a favor de la familia Jaimes de Pozo 40. Su actuar nos hace desconfiar, y nos da lugar a fuertes sospechas de que está queriendo favorecer a la empresa NGO.
Don Julio Jaimes, nacido en de Pozo Hondo, región del Pilcomayo, es acosado de forma sistemática por una rosca empresarial, fiscal y judicial del Chaco por su férrea defensa de los derechos territoriales, tanto los derechos suyos propios, como los de más de otras 10 familias que viven y desarrollan sus actividades productivas en la región hace más de 40 años en el lugar denominado Pozo 40 y otros muchos años más con otras 60 familias en la zona entre Pozo Hondo, Infante Rivarola y la Picada 500.
Esta comunidad de familias mantiene sus vacas en la zona con un sistema pastoril tradicional que no requiere de desmontes ni alambrados, sino que se sostiene sobre la buena vecindad dentro de la propia comunidad, conjuntamente con otras comunidades criollas y con las comunidades indígenas pobladoras ancestrales de esta región. Ésta y otras comunidades criollas del Pilcomayo viven con dicho sistema desde antes de la propia Guerra del Chaco. Hoy pretenden desconocer el derecho de estos compatriotas alegando un origen argentino, sin embargo se trata de familias  que viven de hecho  en territorio paraguayo desde hace más de 50 años y en lo formal hasta cuentan con documentación paraguaya. Por otro lado, la mayoría de estos pobladores no ha de contar con el título de propiedad, hecho que hoy posibilita atentar contra sus tierras de largo usufructo familiar, aunque las leyes establecen garantías especiales para cualquier ciudadano que acredite la posesión por más de veinte años. Debe resaltarse que la ausencia de títulos no se debe precisamente a la falta de voluntad ni a la falta de acciones o trámites por asegurar sus tierras, sino más bien a la ausencia bicentenaria del Estado paraguayo en el territorio chaqueño y la corrupción histórica en el principal órgano de competencia respecto de los derechos territoriales, el INDERT (anteriormente IBR o IRA).
Desde hace algunos años, grupos de grandes intereses movidos por el negocio de las tierras que no les pertenece amenazan la continuidad del modo de vivir de las poblaciones del Pilcomayo. Este grupo involucra a empresarios ganaderos, agrimensores, funcionarios del INDERT, jueces, fiscales y policías, y vienen desalojando de forma sistemática e individual a las familias de la zona. Familias que tienen aquel uso antiguo y continuo de las tierras que les da, a través de dicha ley, garantías sobre su posesión. Estos desalojos individuales nunca fueron noticia porque se realizaron sin mayores resistencias de los pobladores por el desconocimiento de sus derechos y con la complicidad o inacción de las autoridades de turno y, por ello, con total impunidad. No hace más de un año, se desarticuló así la organización de la comunidad “El Pelícano” con el fin de permitir la explotación ganadera basada en documentación irregular sobre las tierras. Esto mismo se pretende hacer con las familias de Pozo 40 para dar vía libre a la empresa NGO, que compró las tierras de un supuesto propietario de nombre don Jorge Queder Arce, a pesar de que el propio presidente del INDERT dictara recientemente una Resolución Nº 564/12 “que rechaza solicitud de compra del señor Jorge Otto Queder Arce y declara con mejor derecho a los señores Julio Jaimes Pintos y Eulogio Natalio Jaimes Pintos” (24/02/2012).
Sigue la pregunta entonces: ¿Cómo es posible que jueces y fiscales con dicha resolución ministerial en vigencia permitan continuar con el caso y ordenen detenciones, desalojos, atropellos sin tomar conocimiento siquiera de la situación real de los pobladores? Esto es objeto de una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por violación de las normas de procedimiento. Sin embargo, apuestan a que no existe capacidad financiera en las comunidades para costear el apoyo jurídico necesario y a que los supuestos defensores del pueblo de la región no conocen el actuar de oficio, menos cuando se trata de casos donde tienen que enfrentar a los poderes de facto regionales. Cabe decir que las familias de Pozo 40 casi agotaron ya su finca para poder sostener la defensa jurídica de sus derechos  por sus propios medios, de por sí escasos.
Por todo esto, siempre en nombre de la Verdad y la Justicia en el departamento y en todo el Paraguay. Instamos a las autoridades nacionales, departamentales y locales tomar cartas en el asunto y asumir con seriedad y responsabilidad sus funciones a fin de garantizar el cumplimiento y el ejercicio del legítimo derecho de las mayorías excluidas de nuestra región. A los empresarios agroganaderos a asumir su deber de mayor responsabilidad social que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 128 “De la primacía del interés general y del deber de colaborar.” Al periodismo en general a asumir con profesionalidad y ética humana su tarea, pues con la información distorsionada e interesada sólo se profundizan las históricas injusticias que tienen como corolario la violencia infinita sobre todos y entre todos en nuestra sociedad. A todos los sectores de la sociedad a repudiar ante cualquier instancia estos atropellos como la mala información a la que nos somete la prensa mercenaria y a apoyarnos entre todos los grupos que ansiamos y luchamos por una convivencia con mayor dignidad y equidad en la región chaqueña.
Se adhieren a este comunicado las siguientes organizaciones:

  • Asociación Sombra de Árbol
  • CIPAE – Programa Indígena
  • Iniciativa Amotocodie
  • Sobrevivencia. Amigos de la Tierra Paraguay
  • Comunidad y Desarrollo Sustentable CODES
  • Fundación Gran Chaco
  • Fundación para la Gestión e Investigación Territorial- FUNGIR
  • Insito
  • REDES CHACO
  • Marcelo Gonzalez-  Agro XXI
  • Iván Arnold, Bolivia
  • Salomón Casal, Bolivia
  • Regina Kretsmer, Paraguay
  • Karin Brunner, Uruguay
  • Miguel Castro, Bolivia