La Secretaría de Emergencia Nacional se encuentra llevando a cabo una persecución institucional al impulsar la repaertura irregular de un caso penal ya desestimado en contra de la comunidad Ayoreo “2 de Enero”, ubicada a 30 kilómetros de Teniente Montanía, en el distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón.
El proceso está plagado de vicios y vulnera gravemente el debido proceso y se lleva a cabo sin intérpretes para los imputados.
La acción busca criminalizar la legítima protesta de la comunidad, que en agosto de 2024 reclamó ante la falta de víveres suficientes durante la emergencia climática sufrida. También constituye una represalia contra la comunidad por su defensa de los grupos Ayoreo en aislamiento en la zona de Faro Moro.
Proceso irregular y vulneración de derechos humanos y de tratados internacionales ratificados por el Estado
Uno de los hechos más graves de esta persecución efectuada por la SEN es que el Ministerio Público pretendió hacer declarar en la audiencia indagatoria a los Ayoreo sin un traductor calificado, vulnerando así la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, diversos tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado paraguayo, así como el propio Código Penal.
La forma en que están actuando el Ministerio Público y el juzgado, sin proporcionarles traductor ni intérprete, no se ajusta al debido proceso y vulnera los derechos humanos de los Ayoreo.
Represalia del Estado por la defensa de la comunidad a los Ayoreo en aislamiento
Tras el cierre inicial del caso por la fiscalía —que consideró que la actuación de la comunidad en defensa de sus derechos no constituía delito—, el juez de garantías decidió no archivar la causa. El mismo juez había intervenido en el caso Faro Moro.
La reapertura de un caso ya desestimado, realizado en condiciones irregulares y sin ajustarse al debido proceso, constituye una represalia arbitraria contra esta comunidad por su intervención en defensa de los Ayoreo en aislamiento en la zona de Faro Moro. Desde 2024, varias comunidades del departamento de Boquerón denuncian que la estancia de Faro Moro se encuentra deforestando territorio habitado por grupos Ayoreo en aislamiento, lo que representa un alto riesgo de genocidio. Los líderes y las comunidades llevan a cabo una causa judicial para detener el desmonte y han presentado denuncias a diferentes organismos estatales, embajadas y medios de comunicación locales e internacionales.
La persecución a la comunidad “2 de Enero” demuestra cómo las instituciones del Estado y la justicia paraguaya vulneran el debido proceso e impulsan acciones irregulares para criminalizar a las comunidades Ayoreo que buscan reclamar sus derechos y proteger los de sus parientes en aislamiento.
