Iniciativa Amotocodie suscribe en todos sus términos la declaración emitida por CODEHUPY sobre el caso Curuguaty en fecha 13 de julio de 2016.
Este desenlace pone en jaque a la institucionalidad de la República y nos impele a manifestarnos en favor de la recuperación de la mencionada institucionalidad y de la seguridad jurídica que le corresponde a nuestro país como República soberana y democrática.
Asunción, 13 de julio de 2016
El Estado condenó sin pruebas a 11 personas en caso Curuguaty
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), con relación a la sentencia pronunciada en el caso Curuguaty, que arrojara gravosas penas de privación de libertad para 11 personas, sin que esté fehacientemente acreditada la responsabilidad penal de las mismas, como correspondería en un juicio imparcial y con las debidas garantías procesales, expresa cuanto sigue:
- Su más enérgico rechazo al pronunciamiento arbitrario del tribunal de sentencia que impuso condenas aberrantes a campesinos y campesinas de Curuguaty, en una causa irregular que de principio a fin ha violado las garantías judiciales, como el debido proceso, al cual el poder punitivo del Estado está subordinado en todo momento.
- El tribunal de sentencia presidido por el Juez Ramón Trinidad Zelaya, apartándose de su obligación, ha conculcado los más elementales derechos de las personas que ha juzgado, condenándolas sin que exista certeza en la acusación, cuando correspondía la absolución por la persistencia de una duda razonable. Esto fue alegado no solamente por la defensa en juicio, sino por un conjunto amplio de observadores y expertos a lo largo de un proceso penal cuyo desenlace confronta nuevamente a la República con la inadmisible instrumentación política de instituciones judiciales y fiscales.
- Asimismo, el caso Curuguaty también nos muestra cómo la discriminación se expresa en el Paraguay, cuando el Estado persigue a expensas, incluso, de sus obligaciones en derechos humanos a unos, dejando en la impunidad a otros, según la conveniencia y los cálculos políticos del poder. A 4 años de los sucesos no existe ninguna investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y torturas sobre las cuales existen evidencias muy consistentes. Esto también es así cuando asistimos al más absoluto desinterés por investigar la muerte de Vidal Vega, dirigente campesino de Marina Kué ejecutado por sicarios en su domicilio el 1 de diciembre de 2012.
- Por último, exigimos que la sentencia dada a conocer el pasado 11 de julio sea declarada nula por el tribunal de alzada como única posibilidad de reparación, al menos en parte, de esta injusticia que la República del Paraguay no se merece.
Asunción, julio 13 de 2016
Por la Coordinación de turno,
Rosa Posa Buenaventura Cabañas María Noguera
AIRENA UNES AFAVISEM
Oscar Ayala Amarilla
Secretario Ejecutivo
Para contactos, Oscar Ayala A.: 0971 284 292
