En el año 2001 una extensión de 550.000 ha aproximadamente fueron declaradas por el Estado paraguayo Patrimonio Natural y Cultural del grupo Totobiegosode del Pueblo Ayoreo.  Se trataba de bosque vírgenes con muy baja ocupación efectiva no indígena que, tras un estudio antropológico y geográfico realizado en 1998, fueron identificadas como vitales para la vida de los grupos familiares Totobiegosode que aún se encontraban sin contacto. La propiedad de esas tierras se encontraba en manos de doce empresas, en su mayoría de capitales extranjeros. Paralelamente un grupo de apoyo al grupo Totobiegosode (GAT) y luego la organización Totobiegosode OPIT inician un proceso de adquisición de propiedades dentro del área, a fin de salvaguardar la tenencia del territorio. Hasta la actualidad se ha logrado asegurar poco menos del 25 % del área y la aprobación por parte del Estado en 2005 de un Plan Integral de Preservación de todo el territorio.

A pesar de las restricciones a la propiedad impuestas por la declaración del Patrimonio, empresas de origen brasileño y argentino comenzaron a transformar los bosques en áreas de producción ganadera, mediante deforestaciones sistemáticas paradójicamente aprobadas por el Estado paraguayo. También se inicia una dinámica inmobiliaria, fragmentando y vendiendo las propiedades a nuevos terratenientes, siendo hoy 28 propiedades, en su mayoría de capitales extranjeros; aparte de las propiedades adquiridas por el grupo Totobiegosode del pueblo Ayoreo y del INDI reservadas para el pueblo Ayoreo. Esta situación y la evidencia de la presencia de grupos sin contacto en el territorio, llevó a que la OPIT en 2013 iniciara un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logrando su intervención en 2016, con la solicitud al Estado paraguayo de medidas cautelares sobre toda el área comprometida. Las medidas cautelares lograron reducir el índice de deforestación y que la superposición de los proyectos con el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode se incluya en las restricciones para el otorgamiento de licencias ambientales.

La publicación que presentamos analiza la irregular situación de la aprobación de dos proyectos de intervención sobre el territorio a favor de la empresa argentina Carlos Casado, a través de su sucursal en Paraguay, cuyo representante legal es el Sr. José María Peña Nieto, padre del actual presidente de la República; al mismo tiempo que rechaza otras solicitudes por afectar el territorio del Patrimonio. En este contexto, destacamos la intervención de la Procuraduría General de la República, con un dictamen si precedentes, donde se protegen intereses privados poniendo a riesgo la reputación de la República frente a sus compromisos internacionales.