Protección Legal y Política

Los derechos vigentes de vida y de autodeterminación, así como los derechos referentes al hábitat/ territorio de los grupos aislados o silvícolas están consagrados, entre otros, en las siguientes normativas:

• Constitución Nacional
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Ley Nacional 234/93
• Ley 904/81 Estatuto de Comunidades Indígenas
• Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Directrices de Protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco (Naciones Unidas – Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos / en elaboración)
• Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Internacionales (Conferencias de las Partes de Convenios Internacionales; Congreso Mundial de la UICN, etc.)
  • Declaración de Quito (CIPIACI)
    Realizada en el marco de la Reunión Internacional “Hacia el planteamiento de políticas públicas y planes de acción para garantizar el derecho a la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay( CIPIACI)” auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
  • Declaración de Asunción (CIPIACI)
    Recomendaciones presentadas por CIPIACI ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas.
  • Resolución CGR.REC026 de la UICN
    Sobre la Reserva de la Biósfera en el Chaco y los pueblos indígenas
  • Resolución CGR3.RES082 de la UICN
    Sobre los pueblos indígenas viviendo en aislamiento voluntario y la conservación de la naturaleza en las regiones del Amazonas y el Chaco
  • Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay
    Resultado de las consultas realizadas por ACNUDH en la región: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela

El Paraguay carece hasta ahora de una política pública estatal que contemplara la protección de los grupos aislados o silvícolas, de aquellos ya contactados y en estado de contacto inicial (Totobiegosode contactados en 1986, 1998 y 2004), y de los grupos en aislamiento voluntario (Mby’a en San Rafael).

La Fiscalía General del Estado asumía en los años 90 un rol activo con medidas de protección en casos concretos. En 1998, un Juez dictó, a solicitud del Ministerio Público,  Medidas Cautelares Judiciales para la zona de Amotocodie; las mismas sin embargo fueron repetidamente violadas, sin consecuencias más que ocasionales o puntuales, ya que la voluntad política de intervenir de los sucesivos Fiscales Generales disminuyó gradualmente en los últimos años.

El INDI y la Gobernación de Boquerón dictaron ordenanzas o resoluciones en las cuales recomiendan la protección de los grupos y territorios de Amotocodie (Resolución el Consejo del INDI No. 37/2002; Ordenanza de la unta Departamental de Boquerón No. 02/02)

• Ordenanza Departamental Nº 02/02
  «Por la cual se declara de interés departamental la zona conocida como Amotocodie..»
• Resolución del Consejo del INDI Nº 37/2002
  «Por la cual se declara de interés público la salvaguarda de los derechos del grupo silvícola a través de la protección de su integridad física y su hábitat»

El estado en ningún momento ha tomado medida alguna para la protección de los grupos silvícolas de las zonas médanos, Palmar de las Islas y Chovoreca, y de sus  territorios respectivos. Advertencias de la UNAP y otros sobre la existencia de esos grupos y los peligros que corren fueron desoídas.