{"id":856,"date":"2012-04-30T19:47:00","date_gmt":"2012-04-30T23:47:00","guid":{"rendered":"http:\/\/amotocodie.test\/?p=856"},"modified":"2012-04-30T19:47:00","modified_gmt":"2012-04-30T23:47:00","slug":"comunicado-de-solidaridad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iniciativa-amotocodie.org\/en\/2012\/04\/30\/comunicado-de-solidaridad\/","title":{"rendered":"Comunicado de Solidaridad"},"content":{"rendered":"

COMUNICADO
\nSOLIDARIDAD CON JULIO JAIMES Y LOS POBLADORES
\nTRADICIONALES DEL PILCOMAYO<\/strong>
\nY REPUDIO A LOS REITERADOS MALOS PROCEDIMIENTOS FISCALES,
\nPOLICIALES Y JUDICIALES EN EL CHACO
\nHace algunos a\u00f1os venimos soportando en el Chaco dos fen\u00f3menos.\u00a0Por un lado<\/em>, el impune atropello y avasallamiento a las antiguas poblaciones desfavorecidas por parte de empresarios agroganaderos, los que exitosamente movilizan para ello el apoyo de fiscales, jueces y polic\u00edas de la regi\u00f3n.\u00a0Por otro lado<\/em>, la justificaci\u00f3n que parte del periodismo regional y nacional, ligado \u00edntimamente a los grandes poderes de facto en el Chaco Paraguayo, realiza respecto de estos atropellos a los derechos y a la justicia.
\nHoy, nuevamente asistimos a un caso donde resalta la persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica que un fiscal de la zona, Jos\u00e9 Luis Brusquetti, (recientemente trasladado a la Fiscal\u00eda de Villa Hayes) est\u00e1 ejerciendo\u00a0 en contra del antiguo poblador y luchador social de la zona de Pozo 40 y de la regi\u00f3n del Pilcomayo, don Julio Jaimes. Persecuci\u00f3n a la que el juez de Filadelfia Juan Carlos Molas al dilatar el procedimiento que le toca llevar a favor de la familia Jaimes de Pozo 40. Su actuar nos hace desconfiar, y nos da lugar a fuertes sospechas de que est\u00e1 queriendo favorecer a la empresa NGO.
\nDon Julio Jaimes, nacido en de Pozo Hondo, regi\u00f3n del Pilcomayo, es acosado de forma sistem\u00e1tica por una rosca empresarial, fiscal y judicial del Chaco por su f\u00e9rrea defensa de los derechos territoriales, tanto los derechos suyos propios, como los de m\u00e1s de otras 10 familias que viven y desarrollan sus actividades productivas en la regi\u00f3n hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os en el lugar denominado Pozo 40 y otros muchos a\u00f1os m\u00e1s con otras 60 familias en la zona entre Pozo Hondo, Infante Rivarola y la Picada 500.
\nEsta comunidad de familias mantiene sus vacas en la zona con un sistema pastoril tradicional que no requiere de desmontes ni alambrados, sino que se sostiene sobre la buena vecindad dentro de la propia comunidad, conjuntamente con otras comunidades criollas y con las comunidades ind\u00edgenas pobladoras ancestrales de esta regi\u00f3n. \u00c9sta y otras comunidades criollas del Pilcomayo viven con dicho sistema desde antes de la propia Guerra del Chaco. Hoy pretenden desconocer el derecho de estos compatriotas alegando un origen argentino, sin embargo se trata de familias \u00a0que viven de hecho \u00a0en territorio paraguayo desde hace m\u00e1s de 50 a\u00f1os y en lo formal hasta cuentan con documentaci\u00f3n paraguaya. Por otro lado, la mayor\u00eda de estos pobladores no ha de contar con el t\u00edtulo de propiedad, hecho que hoy posibilita atentar contra sus tierras de largo usufructo familiar, aunque las leyes establecen garant\u00edas especiales para cualquier ciudadano que acredite la posesi\u00f3n por m\u00e1s de veinte a\u00f1os. Debe resaltarse que la ausencia de t\u00edtulos no se debe precisamente a la falta de voluntad ni a la falta de acciones o tr\u00e1mites por asegurar sus tierras, sino m\u00e1s bien a la ausencia bicentenaria del Estado paraguayo en el territorio chaque\u00f1o y la corrupci\u00f3n hist\u00f3rica en el principal \u00f3rgano de competencia respecto de los derechos territoriales, el INDERT (anteriormente IBR o IRA).
\nDesde hace algunos a\u00f1os, grupos de grandes intereses movidos por el negocio de las tierras que no les pertenece amenazan la continuidad del modo de vivir de las poblaciones del Pilcomayo. Este grupo involucra a empresarios ganaderos, agrimensores, funcionarios del INDERT, jueces, fiscales y polic\u00edas, y vienen desalojando de forma sistem\u00e1tica e individual a las familias de la zona. Familias que tienen aquel uso antiguo y continuo de las tierras que les da, a trav\u00e9s de dicha ley, garant\u00edas sobre su posesi\u00f3n. Estos desalojos individuales nunca fueron noticia porque se realizaron sin mayores resistencias de los pobladores por el desconocimiento de sus derechos y con la complicidad o inacci\u00f3n de las autoridades de turno y, por ello, con total impunidad. No hace m\u00e1s de un a\u00f1o, se desarticul\u00f3 as\u00ed la organizaci\u00f3n de la comunidad \u201cEl Pel\u00edcano\u201d con el fin de permitir la explotaci\u00f3n ganadera basada en documentaci\u00f3n irregular sobre las tierras. Esto mismo se pretende hacer con las familias de Pozo 40 para dar v\u00eda libre a la empresa NGO, que compr\u00f3 las tierras de un supuesto propietario de nombre don Jorge Queder Arce, a pesar de que el propio presidente del INDERT dictara recientemente una Resoluci\u00f3n N\u00ba 564\/12 \u201cque rechaza solicitud de compra del se\u00f1or Jorge Otto Queder Arce y declara con mejor derecho a los se\u00f1ores Julio Jaimes Pintos y Eulogio Natalio Jaimes Pintos\u201d (24\/02\/2012).
\nSigue la pregunta entonces: \u00bfC\u00f3mo es posible que jueces y fiscales con dicha resoluci\u00f3n ministerial en vigencia permitan continuar con el caso y ordenen detenciones, desalojos, atropellos sin tomar conocimiento siquiera de la situaci\u00f3n real de los pobladores? Esto es objeto de una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por violaci\u00f3n de las normas de procedimiento. Sin embargo, apuestan a que no existe capacidad financiera en las comunidades para costear el apoyo jur\u00eddico necesario y a que los supuestos defensores del pueblo de la regi\u00f3n no conocen el actuar de oficio, menos cuando se trata de casos donde tienen que enfrentar a los poderes de facto regionales. Cabe decir que las familias de Pozo 40 casi agotaron ya su finca para poder sostener la defensa jur\u00eddica de sus derechos\u00a0 por sus propios medios, de por s\u00ed escasos.
\nPor todo esto, siempre en nombre de la Verdad y la Justicia en el departamento y en todo el Paraguay.\u00a0Instamos a las autoridades nacionales<\/strong>, departamentales y locales tomar cartas en el asunto y asumir con seriedad y responsabilidad sus funciones a fin de garantizar el cumplimiento y el ejercicio del leg\u00edtimo derecho de las mayor\u00edas excluidas de nuestra regi\u00f3n.\u00a0A los empresarios agroganaderos<\/strong> a asumir su deber de mayor responsabilidad social que la propia Constituci\u00f3n Nacional establece en su art\u00edculo 128 \u201cDe la primac\u00eda del inter\u00e9s general y del deber de colaborar.\u201d\u00a0Al periodismo en general<\/strong> a asumir con profesionalidad y \u00e9tica humana su tarea, pues con la informaci\u00f3n distorsionada e interesada s\u00f3lo se profundizan las hist\u00f3ricas injusticias que tienen como corolario la violencia infinita sobre todos y entre todos en nuestra sociedad.\u00a0A todos los sectores de la sociedad<\/strong> a repudiar ante cualquier instancia estos atropellos como la mala informaci\u00f3n a la que nos somete la prensa mercenaria y a apoyarnos entre todos los grupos que ansiamos y luchamos por una convivencia con mayor dignidad y equidad en la regi\u00f3n chaque\u00f1a.
\nSe adhieren a este comunicado las siguientes organizaciones:<\/p>\n