Derecho al agua, acceso al agua y las contradicciones del sistema

por Luis María de la Cruz

Los derechos al agua y a la alimentación son los pilares del derecho inalienable del ser humano a la vida.  Los países que comparten el territorio del Gran Chaco, instituyen el derecho a la vida como la base de su concepto de persona y, por ende, de la sociedad[1].  El derecho al agua y a la alimentación son inseparables; no hay producción de alimentos sin agua.  Para los pueblos del Gran Chaco, esta asociación esencial se encuentra conexa al territorio.  La seguridad territorial y la gestión del mismo es la vía natural y fundamental para garantizar el acceso al agua y a la alimentación.  Es el camino que asegura el derecho a la vida.  Sin embargo, parecería que las políticas públicas relacionadas con la tenencia de la tierra, el modelo productivo y las prácticas controladas o no, de manejo de los bosques y praderas naturales, van en sentido contrario, instituyendo, como realidad inocultable, la priorización de un sistema de tenencia y producción que favorece el acaparamiento de tierras en manos de pocos y la acumulación y consumo como base del modelo económico.  Este proceso, además de destruir fuentes de agua someras, propias del Chaco, privatiza las áreas de acopio y uso del agua.  Paralelamente, hay acciones de los Estados y privadas, cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida y acceso al agua de las poblaciones que van siendo excluidas de este sistema de tenencia y producción.  Las mismas intentan resolver, al interior del propio sistema, las contradicciones que el mismo provoca.  Transforman esas contradicciones porque, finalmente, dichas transformaciones son funcionales al mantenimiento del equilibrio del sistema, fortaleciéndolo; antes que cuestionando sus significados y alcances en el marco de comprender el destino del Gran Chaco.

La necesidad de recuperar un sistema propio y ajeno al modelo imperante, de gestión del territorio, el agua y la alimentación; parecería que es el camino a recorrer para que las poblaciones originarias y de la primera colonización (criollas), asentadas tradicionalmente en el Gran Chaco aseguren su derecho a la vida y a su propia identidad.  Sin dudas, un proceso de este tipo desafía al sistema, instalando una contradicción ajena al mismo y cuya resolución, lejos de fortalecerlo, instala una ruptura con los modelos de acumulación.

De esta manera, queremos plantear que hablar del acceso al agua es hablar del derecho humano más elemental, el derecho a la vida.  En el contexto chaqueño, este derecho es el derecho al territorio, a la identidad diferenciada; a la recuperación de los espacios propios enajenados por la neocolonización y la instalación del modelo productivo de acaparamiento y acumulación en pocas manos.  Hablar del acceso al agua es, en fin, una definición política que aún no ha sido abordada en su más profundo significado y que el proceso que vemos avanzar en el Gran Chaco, va en sentido contrario.

Vista área de un cauce y una zona vital para grupos Ayoreo aislados: Chunguperedate, la laguna que nunca se seca. Hoy el área se encuentra deforestada, las aguas del cauce represadas cortando el paso natural del agua hacia uan reserva de los Ayoreo y su alrededor alambrado por los propietarios brasileros.

Veamos inicialmente un aspecto que hay detrás de la definición política, el ideológico.  Todo sistema político o cultural es ideológico.  Ve a la realidad (la explica y legitima sus acciones sobre ésta) a través de representaciones construidas socialmente, que les son convenientes para su existencia y su forma de estar en el mundo.  De esta manera se “naturalizan” cosas o situaciones que para otras culturas o sistemas políticos no son en lo más mínimo naturales ni aceptables.  Tales “naturalizaciones” confunden las representaciones sociales con la realidad.  Tales “naturalizaciones” se manifiestan en saberes comunes que son obvios y que no es necesario explicar.  Incluso, la mayoría de las veces, no es posible explicar, porque forman parte del “sentido común” construido socialmente sobre lo que se cree que es la realidad.  Entre estos saberes comunes, está la forma de relacionarse con la naturaleza y construir el hábitat.  Si necesitamos un ejemplo, baste sólo comparar la construcción del hábitat de un pueblo indígena chaqueño y la construcción del hábitat de una sociedad capitalista que monta su capacidad de acumulación en la producción agropecuaria.  El chaco que encontraron los primeros colonizadores y los colonos, no es un chaco virgen, como se nos quiere hacer creer.  Es un chaco trabajado, construido culturalmente por los pueblos que lo habitaban originariamente.  Para el colono, es un Chaco que tiene que ser trabajado para producir.  ¿No producía antes? ¿De qué vivía la gente? ¿Qué significa ser cazador, recolector, pescador? 

Lo que mencioné acerca de las ideologías no es nada nuevo.  Se que a muchos les molesta, porque piensan que su mirada del mundo no oculta nada, no es ideológica, es científica.  Voy a dejar eso para un debate en otro ambiente, ya que entraríamos en la epistemología y nos iríamos de agua y del Chaco.

No nos desviemos de nuestro tema, la cuestión del agua y del acceso al agua.  Un verbo, una acción, un hecho.

La ideología de la colonización y posteriormente la del capitalismo que se instala, el cual hereda, como sistema, las formas de interpretar y explotar al Chaco; han naturalizado algunas cosas para ocultar o no ver otras.  De esta forma es “natural”, es “normal” que el Chaco sea seco; que los recursos hídricos sean escasos.  Esta naturalización de una situación que personalmente cuestiono como representación de la realidad, legitima el proceso de despojo de las tierras, expoliación de los medios originarios de producción, destrucción sistemática de los bosques y marginalización de la población original, que se ha dado en el territorio a lo largo de dos siglos; pero especialmente en los últimos años de manera acelerada y alimentada por la especulación inmobiliaria.El intenso movimiento en torno a resolver los problemas de acceso al agua, viene a confirmar esta legitimación, afirmando la creencia más promocionada de una tierra sin agua.  Se enfoca en resolver el síntoma, antes que atacar las causas que lo provocaron.  Sin dudas, resolver el síntoma es necesario, pero absolutamente insuficiente si se esperan resultados sostenibles.  Las causas, para mi, son más que obvias.  El Chaco ha sido ocupado por empresas agropecuarias que desplazaron y siguen desplazando a la población que se encuentra asentada donde hay agua.  Eso significa que esa gente, todas esas familias desplazadas, terminan en los cordones periurbanos de los pueblos o en lugares cada vez más inhóspitos e inhabitables humanamente.  En América Latina cuatro de cada cinco personas viven en un espacio urbano.  Hoy el Chaco no es ajeno a esa estadística.  Hace veinte años atrás, el chaco era más o menos igual de seco; pero habitable.  La gente estaba donde había agua.

La inhabitabilidad viene fortalecida por los procesos de transformación en la estructura de sus bosques y de sus pastizales.  Esta transformación tiene dos causas principales.  En las zonas de avulsión de los ríos Pilcomayo y Bermejo, los procesos naturales o más o menos naturales que llevan a la desaparición de bosques y transformación en pastizales palustres y grandes arenales.  Pero esto representa una proporción muy pequeña del territorio y redunda en una mayor dispersión del agua.  En el resto del Chaco, los desmontes sistemáticos que se llevan, en Paraguay, por ejemplo, más de 250.000 hectáreas por año; superficie que no se ve reflejada en el aumento del ganado ni de la producción agrícola chaqueña.  Superficie que, además de fragmentar irracionalmente los bosques, va generando un nuevo polo de calor en el Chaco central, al producir nuevas  áreas de convección contiguas en grandes extensiones.  Basta sólo mirar una imagen satelital térmica de hace veinte años atrás y una actual para darnos cuenta de que algo está pasando.  La intensificación de los agronegocios, especialmente a partir del año 2004, cuando en la Amazonía se inicia un período de moratoria para disminuir la deforestación, focaliza la atención del negocio inmobiliario, con un mayor y más violento proceso de desplazamiento de las poblaciones que aún persisten en quedarse, generando grandes áreas desiertas y concentraciones de gente marginalizada, en las áreas menos propicias.  Las áreas que nos hacen creer que todo el chaco es seco y no tiene agua.

No voy a entrar a analizar en lo que esta manera de despoblar significa en términos de narcotráfico y contrabando a gran escala; formas modernas de consolidar el capitalismo regional y los poderes políticos.  Pero podemos darnos una idea.

Con esto a la vista, y entendiendo que estas “naturalizaciones” de un chaco seco, como un saber común y único, son el resultado de una ideología de dominación, despojo y deslocación poblacional; abordaré brevemente unos puntos que me parecen importantes para entender al Chaco.

En primer lugar, el Chaco no es homogéneo.  Las principales situaciones críticas respecto al agua, ocurren en una línea aproximada marcada por el meridiano de 60 °, hacia el Oeste.

En segundo lugar, y desprendiéndose de todo lo que ya dije, en el Chaco no falta el agua; la gente ha sido desplazada de donde hay o había agua y los alambrados interrumpen el acceso al agua, privatizando ilegítimamente el derecho al obtenerla.  Ilegítimamente digo, a partir de lo que mencioné al principio: el acceso al agua es un derecho humano inalienable; nadie puede privatizarlo sin correr el riesgo de ser condenado por un delito de lesa humanidad.  La regulación del uso, es otra cosa y debe ser puesta en discusión, una vez que se resuelve la ilegitimidad de la apropiación de las fuentes de agua.

En tercer lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, el problema no es la falta de agua o las formas de acceso, si esta es subterránea; sino la inequidad territorial que se ha instalado con el despojo de los territorios ricos en recursos hídricos, por parte del proceso colonizador primero y neocolonizador del capitalismo del agronegocio, ahora.

En cuarto lugar, cuando hablamos de acceso al agua, corrientemente lo vemos vinculado a otro sugerente concepto, el de inclusión social.  El modelo ideológico que sostiene este concepto, nos hace creer (como un saber común, como algo lógico y de sentido común) que “este” sistema de vida, al cual se quiere incluir a los excluidos, es el mejor.  No hay ni remotamente un cuestionamiento y esa manera de vivir mejor es asumida como “la realidad”.  Claramente se ocultan otros sistemas de vida que fueron o están siendo aplastados por el actual, el que se impone como hegemónico.  Sin embargo, esos “otros sistemas de vida”, hoy considerados por el dominante, como “atrasados”, convivieron con el Chaco y su pretendida falta de agua por al menos tres mil años.  A esto quiero decir que otros modos de vida son posibles; si no se los aplasta.

Finalmente, quiero resaltar que la pobreza en el Chaco, asociada a la falta de acceso al agua, no existía.  Se instala a partir del despojo y de la instalación de una ideología de la pobreza que se impone mediante el modelo de consumo que resulta de la economía industrial y post industrial. Al no haber pobreza, el agua no era una carencia; sino un recurso al que se accedía mediante estrategias de ocupación del territorio y movilidad.

Sabiendo que dejo más conflictos que soluciones, y dejando el espacio para el debate posterior obligado; quiero cerrar mi exposición volviendo al principio:

El agua y el acceso al agua es un derecho inalienable, violado estructuralmente por los poderes que resultaron de los procesos coloniales y neocoloniales actuales y cuya transgresión es legitimada mediante un modelo ideológico y político que instituye un sistema legal y de tenencia de la tierra (que curiosamente se llaman “derechos reales”) que deforma las relaciones igualitarias entre las personas, construyendo hábitats paradójicamente inhabitables.

Abril 2019


[1]Paraguay CNP Art 4;  Argentina, CNA indirectamente, Art. 29. y la invocación a Dios como fuente de toda razón y justicia en el Preámbulo; Bolivia, CPEB Art. 15-1; Brasil CRFB Art. 5.