Un decreto que asegura el genocidio

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El pasado 14 de septiembre del corriente año, el Presidente Horacio Cartes ha puesto en vigencia el decreto 7702 que modifica el artículo 42 de la Ley Forestal Nacional. Según sus estipulados, éstas exime la obligatoriedad de resguardar al menos 25% de los bosques en todas las propiedades rurales de más de 20 ha y permite la deforestación de todos los remanentes de bosques situados en manos privadas. No solo es una aberración que modifique la Ley Forestal, sino que también soslaye la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental.

Es notorio que la aplicación de las leyes que protegen el ambiente son deficientes, como es deficiente el cumplimiento de la propia Constitución Nacional en manos del actual gobierno. Pero, las aspiraciones de la ciudadanía democrática del Paraguay de tener un país sustentable y respetuoso con los derechos humanos y ambientales se vieron formalmente traicionados por la promulgación de este decreto.

Se puede decir que era de esperarse de empresarios venidos a gobernantes y de sus asistentes venidos a funcionarios, ya nos lo advertía categóricamente el Viceministro de Agricultura Marcos Medina, cuando señalaba que la deforestación no significa problema alguno para nuestro país y que seguiría deforestándose a un ritmo aún mayor al actual, alcanzando las 400.000 ha/año hasta el año 2030. Eso implica la deforestación total del país para ese año. La franqueza del funcionario nos coloca ante una realidad concreta: están condenando a la devastación a los ecosistemas remanentes fuera de las áreas protegidas.

En el Chaco, especialmente en su porción norte, quedan solamente cinco unidades de conservación, con cobertura de bosques nativos, aunque no en su totalidad, pero, se puede estimar que ésta corresponde a un 70% de las áreas protegidas. Solo éstas mantienen las condiciones climácicas de la vegetación y, por ello, se puede inferir que solo ellas pueden mantener en el tiempo los atributos ambientales y ecológicos naturales. Los otros remanentes forestales del norte del Chaco, se encuentran fragmentados y deben ser objeto de inmediata restauración y, por supuesto, la deforestación y la destrucción de hábitats debe detenerse de inmediato.

La deforestación no viene sola, no solo acarrea la pérdida de biodiversidad y de sistemas naturales sino que también provocará el genocidio al aumentar la destrucción de los hábitats de los indígenas ayoreo que aún viven en aislamiento voluntario, en diferentes grupos en todo el norte del Chaco. Estos son los máximos representantes de la resistencia de los pueblos a la opresión y al colonialismo. El hecho que hayan resistido la conquista y al coloniaje desde Colón hasta ahora, indica que estamos ante un pueblo que merece el apoyo de toda la humanidad justa de la tierra, ellos son nuestro ejemplo y a él recurriremos para nuestra propia liberación.

El demencial decreto que plantea la deforestación de todo el Paraguay, para reemplazarlo con plantaciones de mercancías de exportación, agregará unos 4 millones de ha a la oferta de deforestación, sin mencionar que se trata de territorios de pueblos indígenas que han vivido allí por milenios y cuyos derechos al territorio son indiscutibles. Esto significa que los que el régimen empresarial que -con dudosa legitimidad- gerencia la República, está cometiendo varios crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas y, al eliminarlos físicamente con sus hábitats, comete el mayor de todos los crímenes de esa índole: el genocidio.

Finalmente, no podemos soslayar que en el ordenamiento jurídico de la República, el decreto no puede modificar a la Ley Forestal Nacional, pues la misma se encuentra en un orden jurídico superior. Esto lo hace automáticamente inconstitucional. Sin embargo, la ceguera empresarial-presidencial, lo impone, como en el mejor tiempo de la dictadura, en donde la voluntad del mandatario está por encima del Parlamento y la Constitución, unificando de manera arbitraria y evidente el poder político. Hecho que se traduce, en términos corrientes, en un totalitarismo de Estado.

Asunción, 10 de noviembre de 2017