Ayoreos urgen cierre de mensura y titulación de sus tierras

Los Ayoreo Atetadiegosode de la comunidad Cuyabia, ubicada en el Chaco Paraguayo, solicitan de manera inmediata el cierre de la mensura judicial y la titulación de sus tierras.
Autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) establecieron el martes 3 de noviembre como nueva fecha para la prosecusión de los trabajos de medición llevado a cabo dentro del territorio ancestral.
La jueza quién tiene a su cargo el cierre de los trabajos es María Teresa Gauto de Brítez, la misma presta servicios en el juzgado de Mariscal Estigarribia.
El territorio, que abarca unas 25 mil hectáreas de tierra se encuentra rodeada de once empresas agro-ganaderas las cuales han destruido gran parte de la reserva indígena Atetadiegosode, en complicidad con las autoridades. Se estima que la cantidad de áreas deforestadas superan las 6 mil hectáreas.
Los nativos en reiteradas ocasiones anunciaron movilizaciones y cierre de rutas a consecuencia de la constante suspensión de los trabajos que busca no solo definir los limites del terreno en cuestión, sino también la titulación definitiva de la propiedad a favor del pueblo Ayoreo.
A pesar de las numerosas denuncias y pedido de intervención de las autoridades, entre ellas, la Secretaria del Ambiente (Seam), estos siguen sin aparecer por la zona.
Los indígenas por su parte se encuentran constantemente expuestos a las amenazas y acosos tanto de los propietarios de las estancias como los de sus «guardias privados».
Unine Cutamorajna, líder de la comunidad Cuyabia dijo que el deseo de toda su gente es poder vivir con tranquilidad dentro de su territorio que en los últimos tiempos se vio avasallado por maquinas y tractores.
Recordó además a sus pares quienes viven en situación de aislamiento y se ven amenazados con la invasión constante.
Antecendentes.
La comunidad Cuyabia se encuentra ubicada a unos 90 Km al noroeste de la ciudad de Mariscal Estigarribia. Las tierras de la comunidad Cuyabia, ex San Lázaro, fueron adquiridas en el año 1996 por el Instituto Paraguayo del Indígena para los guaraní Ñandéva de San Lázaro y cedida mediante un acuerdo histórico a los Ayoreo.
Las 25.000 hectáreas de la comunidad fueron vendidas de manera irregular en el año 2012 por el entonces presidente del Indi, Rubén Quesnel, quién fue condenado a seis años y medio de cárcel por este delito. La sentencia fue considerada «histórica»